Diego y Johanna tenían contratada su hipoteca con el BBVA. Al quedarse
en paro no pudieron seguir pagando las cuotas. Entonces el BBVA
decidió iniciar un proceso de ejecución hipotecaria y subastar su
piso. Como ocurre casi siempre, llegados a este punto, será el banco
el único que puje por el piso y se lo quede por la mínima cantidad, un
50% de su valor inicial. De ésta manera, Johanna y Diego se quedarán
sin casa y además endeudados con el banco, ya que estarán obligados a
pagar la deuda correspondiente al otro 50% del piso y las costas de
todo el proceso de ejecución hipotecaria que inició el banco.
Cada día más gente se encuentra en la misma situación que Diego y
Johanna y es por ello que han empezado a unirse para luchar juntos por
sus derechos. La plataforma de afectados por la hipoteca tiene su
sede en Barcelona pero en su web (
http://afectadosporlahipoteca.com.)
podéis encontrar consejos, documentos, experiencias... La plataforma,
a diferencia de los bancos que en su día pidieron dinero al estado
para salir de su mala situación, no exige dinero al gobierno, ya que
asume su parte de responsabilidad a la hora de firmar la hipoteca.
Pero sí exigen otras soluciones que consideran justas y posibles.
Éstas son sus exigencias, que yo también comparto:
a.- Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de
los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su
situación. Y garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita
para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso,
garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo
habitacional: un estado democrático respetuoso de los Derechos
Humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle
a la vez que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un
negocio rentable.
b.- Regular la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la
hipoteca y se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, tal como
sucede en otros países de la UE o en EEUU. Es un abuso bancario que
estén expulsando a la gente de sus casas y encima les exijan el pago
de 20, 50 o incluso 100 mil euros.
c.- Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera
residencia en parque público de alquiler social. Que la administración
fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las
viviendas haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje
significativo de la deuda hipotecaria para que, a continuación, la
administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida de
régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como
inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los
requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no sólo
se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la
sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler.
d- Realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del
mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la
ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado
para poder establecer las responsabilidades de entidades
empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La
misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios
millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.
e- Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias
para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un
negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias
trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario, establecer por ley
que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea
superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un
plazo máximo de 20 años.
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